viernes, 28 de enero de 2011
2011, un año clave para la profesión veterinaria en el mundo entero
En 1761 Claude Bourgelat logró convencer al Rey de Francia Luis XV de la necesidad de formar especialistas capaces de curar las enfermedades de los animales.
Por decisión del Rey, la primera escuela veterinaria del mundo se creó en Lyon, Francia. Bourgelat era realmente un visionario. Es cierto que obtuvo el apoyo del rey porque la peste bovina devastaba los campos de toda Europa y arruinaba la economía rural. Por otra parte, cabe recordar que en la salud de los caballos era un factor esencial de la potencia del ejército esa época y es probable que haya usado este argumento.
Además, Bourgelat precisó el concepto de biopatología comparada entre el hombre y el animal. Fue el primero en afirmar la utilidad del estudio de las patologías animales para comprender mejor aquellas que afectan al hombre: ¡el concepto de «una sola salud» había surgido!
Más adelante se crean numerosas escuelas veterinarias en Francia, en Europa y en el mundo, basándose en el modelo de Lyon. La profesión veterinaria va ganando progresivamente el reconocimiento de la sociedad por sus contribuciones, primero en el medio rural, después en el resto de los territorios gracias a la gran diversidad de sus competencias. La comprensión de los seres vivos en su estado normal a la vez que cuando padecen afecciones abre efectivamente las puertas a la inteligencia, al conocimiento y al saber hacer.
Más allá de su función bien conocida de médico de los animales, el veterinario ha demostrado que es capaz de diseñar programas de prevención y de control de las enfermedades infecciosas, incluidas aquellas transmisibles al hombre por contacto o por los alimentos que consume. La contribución esencial de la profesión veterinaria a la salud pública hoy es universalmente reconocida.
Se reconoce asimismo la aportación de la profesión veterinaria para el mejoramiento de la producción animal, en particular mediante la lucha contra las enfermedades, a fin de ayudar a responder a la explosión de la demanda mundial en proteínas nobles, sobre todo en los países en desarrollo. Esta acción permite a centenares de millones de criadores pobres en el mundo preservar su único capital, el animal, y también contribuye a facilitar el acceso de sus producciones animales a mercados externos mejor remunerados a la vez que velar por la seguridad sanitaria del comercio mundial de animales y de sus productos.
La utilidad de los animales de compañía en la sociedad ya no necesita ser demostrada, como tampoco el interés de la función de los veterinarios como médicos de estos compañeros del hombre.
Es de lamentar, sin embargo, que la profesión veterinaria no siempre sepa transmitir el mensaje de que sus actividades representan un auténtico Bien Público Mundial. No debemos dejar pasar la oportunidad de comunicación que nos brinda el 250 aniversario.
La OIE se ha esmerado para celebrar el año 2011 participando en la organización de eventos clave, en particular el lanzamiento oficial de las festividades en el palacio de Versalles (donde vivía Luis XV) el 24 de enero, al lado de los directores generales de la FAO y de la OMS. La profesión veterinaria está en primera fila en el mundo para alcanzar los objetivos de la OIE en los ámbitos de la salud y del bienestar de los animales, así como de la salud pública veterinaria, la seguridad del comercio mundial, la seguridad alimentaria, la investigación científica y la reducción de la pobreza.
Además, la OIE ha suscrito un protocolo de acuerdo con la Comisión Europea para emprender una campaña de comunicación al público en general basada en la realización de vídeos sobre el papel de los veterinarios en la vida diaria de todos los ciudadanos, folletos, concursos fotográficos y stands en eventos mundiales tales como la Semana Verde en Berlín y el Salón de Agricultura en París, la Conferencia mundial sobre la enseñanza veterinaria en mayo en la Escuela Veterinaria de Lyon y el Congreso Mundial Veterinario de Ciudad del Cabo en Sudáfrica en el mes de octubre.
Invito a todos los lectores , veterinarios o no, a brindar su apoyo a esta comunicación que pone de realce los vínculos tan importantes entre los animales y los hombres en el mundo.y la profesion de Medico Veterinario
sábado, 22 de enero de 2011
No nos dejemos arrebatar la ñ
Con un texto que hizo historia, la fallecida compositora argentina María Elena Walsh había encabezado la lucha por la defensa del lugar de la letra insignia del idioma español en Internet. Aquí el texto:
No nos dejemos arrebatar la ñ
La culpa es de los gnomos que nunca quisieron ser ñomos. Culpa tienen la nieve, la niebla, los nietos, los atenienses, el unicornio.
Todos evasores de la eñe.
¡Señoras, señores, compañeros, amados niños! ¡No nos dejemos arrebatar la eñe!
Ya nos han birlado los signos de apertura de interrogación y admiración.
Ya nos redujeron hasta la apócope.
Ya nos han traducido el pochoclo.
Y como éramos pocos, la abuelita informática ha parido un monstruoso # en lugar de la eñe con su gracioso peluquín, el ~.
¿Quieren decirme qué haremos con nuestros sueños?
¿Entre la fauna en peligro de extinción figuran los ñandúes y los ñacurutuces?
¿En los pagos de Añatuya cómo cantarán Añoranzas?
¿A qué pobre barrigón fajaremos al ñudo?
¿Qué será del Año Nuevo, el tiempo de ñaupa , aquel tapado de armiño y la ñata contra el vidrio?
¿Y cómo graficaremos la más dulce consonante de la lengua guaraní?
"La ortografía también es gente", escribió Fernando Pessoa. Y, como la gente, sufre variadas discriminaciones.
Hay signos y signos, unos blancos, altos y de ojos azules, como la W o la K. Otros, pobres morochos de Hispanoamérica, como la letrita segunda, la eñe, jamás considerada por los monóculos británicos, que está en peligro de pasar al bando de los desocupados después de rendir tantos servicios y no ser precisamente una letra ñoqui.
A barrerla, a borrarla, a sustituirla, dicen los perezosos manipuladores de las maquinitas, sólo porque la ñ da un poco de trabajo. Pereza ideológica, hubiéramos dicho en la década del setenta.
Una letra española es un defecto más de los hispanos, esa raza impura formateada y escaneada también por pereza y comodidad.
Nada de hondureños, salvadoreños, caribeños, panameños. ¡Impronunciables nativos!
Sigamos siendo dueños de algo que nos pertenece, esa letra con caperuza, algo muy pequeño, pero menos ñoño de lo que parece.
Algo importante, algo gente, algo alma y lengua, algo no descartable, algo propio y compartido porque así nos canta.
No faltará quien ofrezca soluciones absurdas: escribir con nuestro inolvidable César Bruto, compinche del maestro Oski. Ninios, suenios, otonio.
Fantasía inexplicable que ya fue y preferimos no reanudar, salvo que la Madre Patria retroceda y vuelva a llamarse Hispania.
La supervivencia de esta letra nos atañe, sin distinción de sexos, credos ni programas de software.
Luchemos para no añadir más leña a la hoguera dónde se debate nuestro discriminado signo.
Letra es sinónimo de carácter. ¡Avisémoslo al mundo entero por Internet!
La eñe también es gente.
MARÍA ELENA WALSH
-
miércoles, 19 de enero de 2011
Buscando cauces Sergio Aguayo Quezada
Buscando cauces
Sergio Aguayo Quezada Reforma
19 de enero de 2011
En torno a la inseguridad hay un tema desdeñado pese a su centralidad: ¿qué le
toca al Estado y qué a la sociedad?
El ¡Basta de Sangre!, lanzado por Eduardo del Río (Rius) y Julio Scherer García,
y las reacciones a favor y en contra reflejan a esa parte de la sociedad que quiere
ser tomada en cuenta. No encuentra lugar ni cauces porque, cuando los partidos y
políticos secuestraron la transición, se despreocuparon de construir ciudadanía y
de establecer los puentes con ella.
El argumento necesita de mojoneras informativas. Al 80 por ciento de la
población no le interesa involucrarse en la vida pública y preferiría que los
problemas fueran resueltos por un líder fuerte (60 por ciento) o en el último de
los casos que el Ejército tome el poder (41 por ciento). Sólo 20 por ciento
entiende que ser ciudadano exige involucrarse (todas las cifras son de la Encuesta
Mundial de Valores de 2006). La seguridad es una de las áreas de participación
ciudadana más difíciles. Es peligroso y las Fuerzas Armadas y la policía recelan
de los "civilones". La ciudadanía se involucra porque no hay otro remedio.
Un tipo de participación bastante común es la que busca prevenir el contagio. En
el pacífico Campeche surgió un vigoroso movimiento social para evitar, al
parecer con éxito, que el gobierno de Calderón construyera una penitenciaria
federal (lo sucedido en Nayarit los aterra). También está el interesantísimo
experimento del Monitor Civil de la Policía de La Montaña de Guerrero o los
innovadores esfuerzos de los vecinos de San Ángel en el Distrito Federal.
Enfrentarse a los que extorsionan, secuestran y asesinan y a sus cómplices en los
gobiernos tiene consecuencias. Según la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre septiembre de 2009 y octubre
de 2010 hubo 37 agresiones contra defensores de derechos humanos; la situación,
dicen, es preocupante y el diagnóstico se reconfirma con las salvajes ejecuciones
de Marisela Escobedo y Susana Chávez (informe disponible en
www.sergioaguayo.org). Otro gremio castigado es el periodístico; según la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a finales de 2010 sumaban 65 los
periodistas asesinados durante los últimos 10 años.
También participan los seguidores del ojo por ojo. En esta categoría estaría don
Alejo Garza, el ranchero que defendió a balazos su propiedad y se llevó a cuatro
sicarios al último viaje; los empresarios que financian escuadrones de la muerte,
un asunto poco investigado que puede apreciarse en un excelente reportaje de
Alejandro Almazán para Emeequis sobre el Jalisco de los años noventa
2
(disponible en www.sergioaguayo.org); y, finalmente, los linchamientos, esa
expresión colectiva de frustración y rabia, sobre los cuales tampoco sabemos
mucho. Comparto la aguda opinión de la antropóloga Lourdes Arizpe, "pregunta
importante no es quiénes son los violentos sino por qué tantos mexicanos se han
vuelto tan violentos en los pasados diez años" (La Jornada, 11 de enero de 2011).
Estos deseos de participación tan diversificados tienen como rasgo común lo
difícil que resulta establecer una comunicación fructífera con las autoridades.
Hay avances y casos exitosos, pero la norma es que nuestros políticos vean con
profunda desconfianza a quienes desde la ciudadanía desean influir en los
asuntos públicos. A la sociedad y al pueblo se les invoca, sí, pero para que
aplaudan la voluntad de los gobernantes.
Esta forma de ver la participación se confirma con el tipo de requisitos impuestos
por la Secretaría de Hacienda a los organismos civiles que quieren recibir
donativos deducibles de impuestos; su modelo ideal son las monjas que
alimentan menesterosos con una sopa de fideos acompañada de sonrisas y
jaculatorias. Igualmente revelador es el ofensivo "agandalle" que hacen los
partidos políticos de nombramientos de los responsables de organismos públicos
encargados de tutelar derechos; en lugar de personas independientes cada grupo
político quiere poner a "su gente".
La seguridad es igualmente prolija en estas actitudes. Hace unos días, Alejandro
Poiré, vocero presidencial en materia de seguridad, nos sorprendió diciendo que
15 mil 273 personas habían sido ejecutadas por acciones del crimen organizado.
El número es muy superior a los 11 mil 583 contabilizados y verificados por el
diario Reforma para el mismo periodo. Sería útil que gobierno y medio
difundieran y discutieran su metodología para evaluar la confiabilidad de las
cifras.
Es absurda la distancia y la desconfianza cuando el país se desangra. El gobierno
de Felipe Calderón, la clase política y la sociedad comparten la responsabilidad
de lograr consensos que nos saquen de ese punto muerto. Los cauces de la
participación ciudadana o no existen o no están funcionando adecuadamente para
enfrentar la tragedia.
Colaboraron: Rodrigo Peña González y Javier Treviño Rangel.
www.sergioaguayo.org
Sergio Aguayo Quezada Reforma
19 de enero de 2011
En torno a la inseguridad hay un tema desdeñado pese a su centralidad: ¿qué le
toca al Estado y qué a la sociedad?
El ¡Basta de Sangre!, lanzado por Eduardo del Río (Rius) y Julio Scherer García,
y las reacciones a favor y en contra reflejan a esa parte de la sociedad que quiere
ser tomada en cuenta. No encuentra lugar ni cauces porque, cuando los partidos y
políticos secuestraron la transición, se despreocuparon de construir ciudadanía y
de establecer los puentes con ella.
El argumento necesita de mojoneras informativas. Al 80 por ciento de la
población no le interesa involucrarse en la vida pública y preferiría que los
problemas fueran resueltos por un líder fuerte (60 por ciento) o en el último de
los casos que el Ejército tome el poder (41 por ciento). Sólo 20 por ciento
entiende que ser ciudadano exige involucrarse (todas las cifras son de la Encuesta
Mundial de Valores de 2006). La seguridad es una de las áreas de participación
ciudadana más difíciles. Es peligroso y las Fuerzas Armadas y la policía recelan
de los "civilones". La ciudadanía se involucra porque no hay otro remedio.
Un tipo de participación bastante común es la que busca prevenir el contagio. En
el pacífico Campeche surgió un vigoroso movimiento social para evitar, al
parecer con éxito, que el gobierno de Calderón construyera una penitenciaria
federal (lo sucedido en Nayarit los aterra). También está el interesantísimo
experimento del Monitor Civil de la Policía de La Montaña de Guerrero o los
innovadores esfuerzos de los vecinos de San Ángel en el Distrito Federal.
Enfrentarse a los que extorsionan, secuestran y asesinan y a sus cómplices en los
gobiernos tiene consecuencias. Según la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre septiembre de 2009 y octubre
de 2010 hubo 37 agresiones contra defensores de derechos humanos; la situación,
dicen, es preocupante y el diagnóstico se reconfirma con las salvajes ejecuciones
de Marisela Escobedo y Susana Chávez (informe disponible en
www.sergioaguayo.org). Otro gremio castigado es el periodístico; según la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a finales de 2010 sumaban 65 los
periodistas asesinados durante los últimos 10 años.
También participan los seguidores del ojo por ojo. En esta categoría estaría don
Alejo Garza, el ranchero que defendió a balazos su propiedad y se llevó a cuatro
sicarios al último viaje; los empresarios que financian escuadrones de la muerte,
un asunto poco investigado que puede apreciarse en un excelente reportaje de
Alejandro Almazán para Emeequis sobre el Jalisco de los años noventa
2
(disponible en www.sergioaguayo.org); y, finalmente, los linchamientos, esa
expresión colectiva de frustración y rabia, sobre los cuales tampoco sabemos
mucho. Comparto la aguda opinión de la antropóloga Lourdes Arizpe, "pregunta
importante no es quiénes son los violentos sino por qué tantos mexicanos se han
vuelto tan violentos en los pasados diez años" (La Jornada, 11 de enero de 2011).
Estos deseos de participación tan diversificados tienen como rasgo común lo
difícil que resulta establecer una comunicación fructífera con las autoridades.
Hay avances y casos exitosos, pero la norma es que nuestros políticos vean con
profunda desconfianza a quienes desde la ciudadanía desean influir en los
asuntos públicos. A la sociedad y al pueblo se les invoca, sí, pero para que
aplaudan la voluntad de los gobernantes.
Esta forma de ver la participación se confirma con el tipo de requisitos impuestos
por la Secretaría de Hacienda a los organismos civiles que quieren recibir
donativos deducibles de impuestos; su modelo ideal son las monjas que
alimentan menesterosos con una sopa de fideos acompañada de sonrisas y
jaculatorias. Igualmente revelador es el ofensivo "agandalle" que hacen los
partidos políticos de nombramientos de los responsables de organismos públicos
encargados de tutelar derechos; en lugar de personas independientes cada grupo
político quiere poner a "su gente".
La seguridad es igualmente prolija en estas actitudes. Hace unos días, Alejandro
Poiré, vocero presidencial en materia de seguridad, nos sorprendió diciendo que
15 mil 273 personas habían sido ejecutadas por acciones del crimen organizado.
El número es muy superior a los 11 mil 583 contabilizados y verificados por el
diario Reforma para el mismo periodo. Sería útil que gobierno y medio
difundieran y discutieran su metodología para evaluar la confiabilidad de las
cifras.
Es absurda la distancia y la desconfianza cuando el país se desangra. El gobierno
de Felipe Calderón, la clase política y la sociedad comparten la responsabilidad
de lograr consensos que nos saquen de ese punto muerto. Los cauces de la
participación ciudadana o no existen o no están funcionando adecuadamente para
enfrentar la tragedia.
Colaboraron: Rodrigo Peña González y Javier Treviño Rangel.
www.sergioaguayo.org
domingo, 16 de enero de 2011
La batalla por los migrantes Por Lydia Cacho
--
Adolescentes paraguayas como esclavas sexuales en elegantes bares de Cancún, albañiles nicaragüenses construyendo edificios en Tabasco, mujeres hondureñas limpiando casas en Mérida, miles de guatemaltecos asentados en Campeche en un remedo de sus pueblos de origen. Miles de cubanos desde la Riviera Maya hasta Veracruz haciendo un poco de todo.
Desde Panamá y Costa Rica miles suben por Centroamérica, hasta cruzar por Quintana Roo y Chiapas en busca de trabajo en el comercio informal. Nunca como ahora habíamos visto con tal claridad el flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia México. Y lo hemos conocido por los ataques brutales de la delincuencia organizada. Ya conocíamos los dramas individuales que viven estas personas gracias a la valentía de un puñado de activistas pro-inmigrantes que rescatan cada año a miles de personas. Entre ellos el padre Alejando Solalinde en Oaxaca, quien ha sido un ejemplo de tesón contra la corrupción institucional.
Lo cierto es que la autoridad mexicana no ha sido capaz de entender y menos resolver las complejidades del problema. A lo largo de un siglo México ha permitido el flujo silencioso de personas de estos países en una suerte de hermandad implícita.
Mientras investigaba las rutas mundiales de tráfico de personas, entrevisté a muchos agentes migratorios de diversos países. En México, para la mayoría de los agentes sureños del INM, dejar pasar ilegalmente a personas de América Central no representa un problema ético, hay una suerte de conmiseración real acompañada, en muchos casos, de una corrupción de facto. Es decir, si de cualquier manera van a cruzar, pues qué mejor que lo hagan de forma segura, por tanto, piensan, recibir un porcentaje de un traficante no representa un acto de inmoralidad, sino parte de un trámite paralelo. No consideran que cometen delitos (no pasan drogas, ni armas, sino personas desesperadas por una vida mejor); hay quienes incluso argumentan que es un acto humanitario (Hasta que caigan en manos de las mafias mexicanas más poderosas que nunca).
Aunque ciertamente las y los migrantes huyen de la pobreza extrema, de la violencia generada por el narcotráfico, escapan de maridos y padres violentos o van en busca de familiares que viven en Estados Unidos, el problema es mucho más complejo. No son lo mismo los migrantes que salen de sus países buscando un futuro mexicano, donde miles de sus connacionales viven, que los transmigrantes que cruzan para llegar a Estados Unidos o Canadá, o que quienes de plano buscan refugio en nuestro país huyendo de la violencia fronteriza de las Maras y los Zetas. No son lo mismo las víctimas de traficantes de indocumentados abusivos, que las victimas de trata de personas (aunque muchas de las que buscan polleros pasan por la explotación de tratantes sexuales en prostíbulos transfronterizos).
Desde fines del siglo XIX los cafetaleros de Chiapas convirtieron a ese estado en el centro laboral para indocumentados guatemaltecos. En 1974 el gobierno mexicano dio cuenta por primera vez de la enorme población salvadoreña que habitaba la capital de México y sólo entonces se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la ONU hizo presencia con la ACNUR, para proteger a las y los refugiados que cruzaban la frontera y que vivían en condiciones deplorables en campamentos de miseria en la frontera mexicana. Durante décadas habíamos mirado para otro lado cuando se hablaba de la migración centroamericana, asumiendo que éramos un mero territorio de paso.
Lo cierto es que este problema apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Ya la CEPAL había advertido que la crisis económica de Centroamérica en 2009 tendría serias repercusiones en los años por venir. La disminución de remesas, la baja en inversión extranjera por la crisis económica de los países inversionistas, aunada a la explosión de la delincuencia organizada, particularmente a los cárteles desde Colombia hasta México, prometían flujos de migrantes hacia el norte. Lo que olvidamos, o al menos lo olvidó el Instituto Nacional de Migración, es que el Norte somos nosotros, no solamente Estados Unidos y Canadá.
Durante años los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo avalaron la explotación de migrantes y transmigrantes, otorgaron impunidad a las redes de traficantes, tratantes y secuestradores, ahora tomadas por los Zetas y otros cárteles. No hubo autoridad federal que les exigiera cuentas y que escuchara a la CEPAL.
Conocí a un centenar de hombres y mujeres expertos en Derechos Humanos que se han especializado en Trata de personas y trabajan en el INM, su honestidad y compromiso no bastan, el problema les rebasa por la derecha. Está claro que el Presidente se equivocó cuando entregó la titularidad de Migración a Cecilia Romero como una concesión a los grupos de derecha, haciendo abstracción total de la importancia estratégica que éste Instituto tendría en el sexenio. Otra vez nos enfrentamos a un problema heredado de décadas de impunidad priísta y fortalecido por la debilidad federal del sexenio panista. Estamos frente a una bomba de tiempo capaz de desestabilizar al sureste mexicano. Tras la crisis de Derechos Humanos de migrantes hay un asunto de Seguridad Nacional que no puede soslayarse, y está claro que la colaboración de la Sociedad Civil será determinante en este caso.
www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi
Adolescentes paraguayas como esclavas sexuales en elegantes bares de Cancún, albañiles nicaragüenses construyendo edificios en Tabasco, mujeres hondureñas limpiando casas en Mérida, miles de guatemaltecos asentados en Campeche en un remedo de sus pueblos de origen. Miles de cubanos desde la Riviera Maya hasta Veracruz haciendo un poco de todo.
Desde Panamá y Costa Rica miles suben por Centroamérica, hasta cruzar por Quintana Roo y Chiapas en busca de trabajo en el comercio informal. Nunca como ahora habíamos visto con tal claridad el flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia México. Y lo hemos conocido por los ataques brutales de la delincuencia organizada. Ya conocíamos los dramas individuales que viven estas personas gracias a la valentía de un puñado de activistas pro-inmigrantes que rescatan cada año a miles de personas. Entre ellos el padre Alejando Solalinde en Oaxaca, quien ha sido un ejemplo de tesón contra la corrupción institucional.
Lo cierto es que la autoridad mexicana no ha sido capaz de entender y menos resolver las complejidades del problema. A lo largo de un siglo México ha permitido el flujo silencioso de personas de estos países en una suerte de hermandad implícita.
Mientras investigaba las rutas mundiales de tráfico de personas, entrevisté a muchos agentes migratorios de diversos países. En México, para la mayoría de los agentes sureños del INM, dejar pasar ilegalmente a personas de América Central no representa un problema ético, hay una suerte de conmiseración real acompañada, en muchos casos, de una corrupción de facto. Es decir, si de cualquier manera van a cruzar, pues qué mejor que lo hagan de forma segura, por tanto, piensan, recibir un porcentaje de un traficante no representa un acto de inmoralidad, sino parte de un trámite paralelo. No consideran que cometen delitos (no pasan drogas, ni armas, sino personas desesperadas por una vida mejor); hay quienes incluso argumentan que es un acto humanitario (Hasta que caigan en manos de las mafias mexicanas más poderosas que nunca).
Aunque ciertamente las y los migrantes huyen de la pobreza extrema, de la violencia generada por el narcotráfico, escapan de maridos y padres violentos o van en busca de familiares que viven en Estados Unidos, el problema es mucho más complejo. No son lo mismo los migrantes que salen de sus países buscando un futuro mexicano, donde miles de sus connacionales viven, que los transmigrantes que cruzan para llegar a Estados Unidos o Canadá, o que quienes de plano buscan refugio en nuestro país huyendo de la violencia fronteriza de las Maras y los Zetas. No son lo mismo las víctimas de traficantes de indocumentados abusivos, que las victimas de trata de personas (aunque muchas de las que buscan polleros pasan por la explotación de tratantes sexuales en prostíbulos transfronterizos).
Desde fines del siglo XIX los cafetaleros de Chiapas convirtieron a ese estado en el centro laboral para indocumentados guatemaltecos. En 1974 el gobierno mexicano dio cuenta por primera vez de la enorme población salvadoreña que habitaba la capital de México y sólo entonces se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la ONU hizo presencia con la ACNUR, para proteger a las y los refugiados que cruzaban la frontera y que vivían en condiciones deplorables en campamentos de miseria en la frontera mexicana. Durante décadas habíamos mirado para otro lado cuando se hablaba de la migración centroamericana, asumiendo que éramos un mero territorio de paso.
Lo cierto es que este problema apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Ya la CEPAL había advertido que la crisis económica de Centroamérica en 2009 tendría serias repercusiones en los años por venir. La disminución de remesas, la baja en inversión extranjera por la crisis económica de los países inversionistas, aunada a la explosión de la delincuencia organizada, particularmente a los cárteles desde Colombia hasta México, prometían flujos de migrantes hacia el norte. Lo que olvidamos, o al menos lo olvidó el Instituto Nacional de Migración, es que el Norte somos nosotros, no solamente Estados Unidos y Canadá.
Durante años los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo avalaron la explotación de migrantes y transmigrantes, otorgaron impunidad a las redes de traficantes, tratantes y secuestradores, ahora tomadas por los Zetas y otros cárteles. No hubo autoridad federal que les exigiera cuentas y que escuchara a la CEPAL.
Conocí a un centenar de hombres y mujeres expertos en Derechos Humanos que se han especializado en Trata de personas y trabajan en el INM, su honestidad y compromiso no bastan, el problema les rebasa por la derecha. Está claro que el Presidente se equivocó cuando entregó la titularidad de Migración a Cecilia Romero como una concesión a los grupos de derecha, haciendo abstracción total de la importancia estratégica que éste Instituto tendría en el sexenio. Otra vez nos enfrentamos a un problema heredado de décadas de impunidad priísta y fortalecido por la debilidad federal del sexenio panista. Estamos frente a una bomba de tiempo capaz de desestabilizar al sureste mexicano. Tras la crisis de Derechos Humanos de migrantes hay un asunto de Seguridad Nacional que no puede soslayarse, y está claro que la colaboración de la Sociedad Civil será determinante en este caso.
www.lydiacacho.net Twitter: @lydiacachosi
'QUE NO LLORE MÁS MI PATRIA'.
Mineko Kia Sakurazukamori
A MI MANERA...
En abril de 2010 escribí las siguientes líneas que titulé 'QUE NO LLORE MÁS MI PATRIA'. Tristemente y con todo el dolor del alma, esas líneas no han perdido vigencia, antes bien cobran fuerza ante el clamor que se levanta por sangre inocente e inútilmente derramada.
Siguiendo dicho clamor de 'NO + SANGRE', 'BASTA DE VIOLENCIA', 'NO + FEMINICIDIOS', mis palabras se reflejan en una imagen en la forma en que yo sé expresarlo:
'Que no llore más mi patria, ya no. Que no se desgarre su bandera, que no se olviden los hechos, que su democracia ya no sea ultrajada cual mujer de Juárez asesinada y que en su niñez exista futuro, no muerte escondida en muros de guardería subrogada. No quiero que el petróleo sea mi maldición, no tiene porqué serlo, antes bien que sea el camino del progreso, junto con la educación y trabajo que todos por igual merecemos.
Que no llore más mi patria, ya no. No quiero verla sojuzgada ni entregada. No está a la venta al mejor postor: es mi tierra, mía y de esas manos campesinas que la labran, no de los ricos que la despojan y hasta la arena de nuestras bellas playas se roban. Que los derechos sean para todos y si desde afuera nos miran lo hagan con respeto, no con desprecio.
Que no llore más mi patria, ya no. Que no lloren los padres por los hijos que han caído, que no corra más sangre, ya no más una guerra absurda. Que indígenas ya no sean violadas por uniformados con los que debería yo sentirme representada, no atemorizada, y que mi gente no se vaya con la incertidumbre de preguntarse si ha de regresar, ¿por qué tienen que irse, si éste país es su hogar?
Que no llore más mi patria, ya no. Que la historia no se repita. Que las cuentas sean saldadas y los pendientes por fin se resuelvan. No quiero más deudas históricas de justicia y paz social, no quiero desesperanza. No quiero que el mexicano abuse del mexicano, ni lo entregue por unas cuantas migajas: ¡al diablo con todo traidor!, ¡al diablo con todo palero!
Que no llore más mi patria, ya no. Que se despierte su espíritu dormido. No vivamos solo de sueños fabricados por mediáticos potentados. No controlen mis pensamientos, ni censuren mi criterio. No insulten mi inteligencia, ni hagan burla de ella con su cínica indecencia, pues su dinero nunca comprará mi conciencia, mucho menos mi alma que es su más pura esencia.
Tengamos los mexicanos memoria y a nuevas generaciones transmitamos nuestra historia. Que de nuestra lucha valoren todos los sinsabores para que de verdad celebren los frutos de una patria lejos de humillaciones y sumisiones. Para que ya no llore más mi patria. Que orgullosa se levante mi tierra.'
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